Por: Diana Rojas Duarte
Alrededor del mundo se tejen distintos discursos alrededor del tema de la inclusión social de las personas en condición de discapacidad, para muchas personas, dicho término genera necesariamente una desventaja en derechos e inclusive en deberes, se suelen percibir frases llenas de lástima y algunas de menosprecio, aunque quizá por este tiempo en menor escala a causa de las múltiples investigaciones y avances que se han hecho desde diversas ciencias en el tema en cuestión; sin embargo para la sociedad que no está relacionada académica o científicamente con dicho aspecto, la discapacidad es una problemática poco conocida, a la cual generalmente se le atribuyen diversos adjetivos valorativos.
Pero, ¿Saben los actores de esa sociedad común el significado real de discapacidad?, aún en las discusiones académicas en diferentes contextos nacionales e internacionales, muchos profesionales relacionados con el campo de la rehabilitación y la educación especial, entre otras disciplinas, continuamos con el debate acerca de la mejor manera de referirnos a la persona con discapacidad (aún cuando para muchos, éste sea un término despectivo, lo usaré en el interior del presente ensayo para referirme a las personas con algún grado de patología o lesión que genere alguna dificultad de tipo mental, físico o sensorial y que se encuentre en desventaja social) razón por la cual se hace de vital importancia extraer la definición dada por la OMS, “Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”.
De acuerdo a lo anterior, y en concordancia con lo señalado por la O.M.S los sujetos que experimentan una condición de discapacidad, experimentan distintas desventajas y para ser más específica me referiré a las que se relacionarán en todo el escrito, que tienen que ver con la parte social y educativa, puesto que la participación de dichas personas se ve significativamente alterada por la deficiencia que padecen, a pesar de los múltiples esfuerzos que desde distintos ámbitos se hacen para conseguir algún grado de “igualdad” dentro de la que se tengan en cuenta sus características específicas.
Y es que la sociedad no está preparada para asumir la diversidad en ningún aspecto, tal como se puede ejemplificar la población indígena dentro del casco urbano, o la población con una elección sexual diferente a la clásica conocida, lo cual fácilmente permite discernir que el tema de la discapacidad se presenta aún frente al mundo como un enigma por descubrir. Salvo por los investigadores y académicos en el campo de la salud, la psicología, la rehabilitación y la educación, el común denominador demuestra un gran desconocimiento de la situación mencionada.
Razón por la que hoy día, generar propuestas de inclusión se ha convertido en todo un reto, no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, teniendo en cuenta una postura interesante en la que se argumenta que “al hablar de inclusión se habla de tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, de aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones. Sin hacer diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus características, necesidades, intereses y potencialidades, y mucho menos, por sus limitaciones” ; como anota Heward (1997) “ (...) para sobrevivir, un grupo social debe adaptar y modificar el ambiente en el que vive” (p. 62).
La filosofía de la inclusión también está amparada bajo legislación internacional y nacional, desde la que se pone de manifiesto el interés de disminuir en cierta medida esas desventajas sufridas por el sujeto, que lo hacen encontrarse en una condición discapacitante.
Para comenzar a hilar un poco las ideas, me parece de vital importancia hacer un rápido recuento de esas leyes En primera instancia, En el Art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estipula que todas las personas deben disfrutar de los derechos y libertades, sin discriminación alguna, lo cual de manera amplia permite comprender que las personas con N.E.E de igual manera pueden acceder a los mismos servicios que la sociedad mayoritaria
La educación como otros aspectos es un derecho de todas las personas sin importar su condición, con relación a este aspecto, el PIDESC a pesar de no hacer alusión explícita a la prohibición de la discriminación, se encuentra que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales señala que las personas con discapacidad son sujetos titulares de los mismos derechos que las no tienen discapacidad, por tal razón se hace implícito en el Pacto . A partir de esto, se evidencia que el derecho a la educación se encuentra contemplado también para dichas poblaciones, lo cual confirma la profesora Katarina Tomasevski, relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación en el periodo 1998 – 2004: “ha señalado que la efectividad del derecho a la educación supone la realización simultánea de cuatro derechos y el cumplimiento de cuatro conjuntos de obligaciones por parte del Estado: El derecho a la disponibilidad de enseñanza y la obligación de asequibilidad; el derecho de permanencia en el sistema educativo y la obligación de adaptabilidad; y el derecho a una educación aceptable y la obligación de aceptabilidad”
De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que las personas con discapacidad, tienen derecho a ser admitidas en los centros educativos de manera igualitaria, desde luego teniendo en cuenta la necesidad establecer las adaptaciones curriculares adecuadas a sus potencialidades y necesidades, ya que como se ha contemplado en la Declaración de los Derechos de los Impedidos se les debe ofrecer garantía con relación a la disponibilidad de servicios para asegurar su desarrollo integral lo cual contribuya a su integración social.
Lo anterior se puede confirmar en la Declaración de Salamanca desde la cual se establecen objetivos relacionados con la integración educativa de dicha población, combatiendo toda forma de discriminación frente a ellos, dichos objetivos en general buscan que las personas con discapacidad accedan a la educación en aulas regulares, dándole prioridad al mejoramiento de los sistemas educativos, lo cual permita su inclusión educativa y social independientemente del tipo de limitación que puedan poseer.
Es claro que en las Naciones Unidas y diferentes estamentos a nivel mundial han hecho especial énfasis en dicha realidad, señalando de manera específica que los Estados deben hacerse cargo de velar por el cumplimiento de cada una de estas disposiciones, reconociendo de manera concreta el principio de la igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos para todas las personas en condición de discapacidad. Dejando claro, que no se habla de igualdad con relación a características, sino igualdad de derechos.
De acuerdo a lo anterior, en Colombia el derecho a la educación de dicha población está contemplado desde la Constitución Política de Colombia desde el ámbito del derecho civil y político y desde el derecho económico, social y cultural, con principios a partir de los cuales se vela por el principio de la igualdad y no discriminación hacia los mismos, para lo cual se han dictado sentencias desde la Corte Constitucional desde las cuales se ha señalado la necesidad de fortalecer en el Estado, el nivel de participación e integración de los mismos.
Con relación al aspecto educativo, el Estado establece que los componentes del derecho de dicha población son “exactamente los mismos que para los niños y las niñas sin discapacidad” y se señala que la aclaración se ha hecho ya que se tiende a no reconocer sus derechos de forma titular, como sí se hace el de las personas sin discapacidad.
Toda esta alusión a los derechos de la población con N.E.E a nivel mundial y nacional se hace ya que es de vital importancia en la implementación de un proyecto que favorezca la integración/inclusión de los mismos en una institución educativa, reconocer que llevarlo a cabo es un deber de todos, y que en primera instancia el gobierno nacional apoyado por los organismos de derechos humanos, son los encargados de velar porque esto se cumpla.
De manera concreta, en la actualidad se ha venido notando la relevancia que la sociedad le ha dado a la atención a las diferentes poblaciones en condición de discapacidad, en consecuencia los establecimientos educativos han asumido el reto de brindar la atención a los niños a la luz de los valores, los derechos y las leyes anteriormente citadas, para brindar un tratamiento adecuado a sus potencialidades.
En esta medida, se reconoce que los niños y niñas en condición de discapacidad, en primera instancia deben ser valorados en función de sus fortalezas y no de sus debilidades como cotidianamente se realiza, esto con el fin de aprovechar sus capacidades dentro del ámbito educativo, no sólo en función de su socialización, lo cual contribuya a que logren acceder al aprendizaje como lo hacen sus compañeros de la misma edad que no presentan ninguna discapacidad.
Lo anterior se debe interpretar teniendo en cuenta la importancia de comprender que dicha población no debe estar segregada de la sociedad en ningún aspecto, ya que a través de la historia se ha venido cambiando la forma de pensar y actuar de la sociedad al respecto de las acciones emprendidas para el logro de la máxima participación social, educativa y laboral de los mismos, pasando de la segregación total en los centros especiales a la inclusión en centros educativos regulares.
Según Verdugo (2003) “la integración de personas con discapacidad apareció ligada al concepto de normalización”, el cual significaba la utilización de los mismos servicios y medios de las personas sin discapacidad de la forma más cercana a lo normal, sin tener en cuenta el tipo de adaptaciones y características del ambiente que se debían asegurar para su total desarrollo, generando entonces inquietudes al pasar de los años, donde se debatía acerca de la forma apropiada de brindar atención a la población. A causa de lo anterior se generó la necesidad de crear un nuevo concepto que incluyera más aspectos integrales para el desarrollo del sujeto, con lo cual se llegó al término inclusión educativa, laboral y social. “En este caso el énfasis se desplazó desde el individuo al que se consideraba que había que integrar y entrenar específicamente, hacia las modificaciones ambientales (físicas y del comportamiento de los individuos y de las organizaciones) necesarias para que el ambiente en el que el individuo se integra pueda aceptar como un igual a la persona con discapacidad” .
Algo que es vital en el campo de la inclusión de las personas con discapacidad es que la familia juega un papel crucial en la consecución de los objetivos pretendidos, no es ajeno reconocer que para muchos y muchas profesionales en los distintos campos, la familia a veces es percibida como “el problema” se suelen escuchar en reuniones interdisciplinarias, o reuniones docentes, varias apreciaciones subjetivas y descalificantes en las que se asume el rol de la madre o el padre, como el mayor discapacitante, o causante de la dificultad social de su (s) hijo (s), el culpable de muchas de las conductas indeseadas que algunos de los sujetos con los que trabajamos demuestran, o la dificultad para acceder a diferentes servicios, entre otras circunstancias particulares, sin embargo en contraposición a ello, considero que el papel de los padres es más que necesario y vital, dado que “la participación social del afectado no depende fundamentalmente de la inclusión educativa, la familia tiene realmente el poder para la inclusión social” . Es por esto que el proceso de inclusión debe ser pensado con toda la comunidad, con todos los integrantes del contexto próximo del sujeto, teniendo como base la familia como eje fundamental, dando desde luego la orientación necesaria desde las diferentes disciplinas, con lo cual se genere la consecución de objetivos que asuman al sujeto como ser integral y que conlleven a su mejor calidad de vida. “En el ámbito de la educación especial las familias necesitan información y orientación para guiar el uso de sus recursos; en este proceso los profesionales debemos respetar la intimidad familiar desde la empatía”
En conclusión, los profesionales de todos los campos estamos obligados a ser un puente entre la legislación, el sujeto, la familia, la sociedad. Más que ser un puente, se hace necesario tejer una gran red solidaria en la que redunde el bienestar y la igualdad de derechos de todos, en la que se beneficie la población y se le dé la verdadera importancia y prioridad a la más vulnerable, se hace necesario quebrar las barreras de la indiferencia y generar nuevas propuestas, que emerjan desde las políticas públicas en cada país y que se vean reflejadas en todos los ámbitos sociales.
En esta tarea somos muchos, empezando por las familias, el camino ya está trazado, ahora es conveniente, continuar construyéndolo y edificando sobre bases sólidas, a la luz de la investigación y basándonos en la realidad de todos los sujetos y contextos sociales en los que nos desenvolvemos.
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